Celia Sánchez-Ramos considera, además, que hay una ratio de profesores y alumnos adecuada para impartir los grados y, aunque reconoce que es menor en los másteres, subraya que es necesaria para cumplir con el objetivo de especialización en áreas concretas, aquellas en las que las universidades públicas deben hacer un esfuerzo por el bien social.

La que ha sido tradicionalmente una universidad «terminal», en el sentido de ser destino final de multitud de docentes, tiene ahora un problema generacional, agravado por los estragos causados por una crisis económica y unos recortes que han afectado de forma especial a la institución madrileña, defiende Andradas. Con una elevada edad media en personal, han desaparecido muchas figuras emblemáticas, sobre todo en investigación, que no se han podido reemplazar por imperativo legal o económico, a lo que se suma el deterioro en los edificios y en las aulas, de costoso mantenimiento. «Afortunadamente, ahora hemos recuperado dinero y se pueden hacer cosas», respira el rector.

En efecto, de acuerdo con las estadísticas de la propia universidad, entre 2010 y 2015 se perdieron 77 millones de presupuesto (de 595 a 518 millones de euros), si bien en los años anteriores a 2010 había sumado 52 millones respecto a los 543 millones de 2007.

Junto a esta restricción presupuestaria, el Plan de Reordenación señala la pérdida de más de 500 profesores permanentes y de 600 PAS entre 2007 y 2015. En concreto, el PDI ha pasado de 6.201 a 5.701, sin contar los eméritos, que en este periodo se han duplicado de 55 a 114, una muestra más del envejecimiento de la plantilla. Mientras, el PAS funcionario ha pasado de 1.951 a 1.660, y el laboral, de 1.945 a 1665.

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